La postura del Partido Feminista sobre las leyes trans desata un enconado debate

En un comunicado, el partido muestra su rotundo desacuerdo con las leyes en favor del colectivo trans, como la aprobada en el País Vasco o la que Unidas Podemos ha presentado a nivel estatal en el Congreso; alerta sobre la extensión de la teoría queer que invisibiliza a las mujeres y su lucha, y denuncia que el "lobby gay" quiere legalizar los vientres de alquiler. 

Un comunicado emitido el pasado jueves por el Partido Feminista de España ha encendido un duro y agitado debate que se ha librado, hasta el momento, en las redes sociales, pero que tiene visos de saltar al escenario político. El comunicado, aprobado por unanimidad en la Comisión Política de dicho partido, afirma su rotundo desacuerdo con las leyes en favor del colectivo trans, como la que se ha aprobado en el País Vasco o la que Unidas Podemos ha presentado a nivel nacional en el Congreso la pasada legislatura, y que planea volver a registrar debido a que este proyecto de ley decayó con la convocatoria electoral.

En el comunicado, hecho público a través de Facebook y de la cuenta del partido en Twitter, se afirma que se "están desarrollando diversas estrategias organizadas por el lobby gay y sus acólitos, dirigidas a imponer en la sociedad el discurso queer, con las consecuencias nefastas de lograr la legalización de los vientres de alquiler, la aceptación de que los menores que se declaran transexuales puedan proceder a tratamientos médicos y quirúrgicos para cambiar de sexo, y la invisibilidad de la mujer como categoría".

El texto expresa un "absoluto rechazo a tales proyectos legislativos y los movimientos de propaganda ideológica" que permiten la implantación de terapias de cambio de sexo a menores "sin necesitar siquiera un informe psicológico previo", criticando el hecho de que sólo la "preferencia sea suficiente para proceder a los tratamientos médicos y quirúrgicos pertinentes".

El comunicado hace una amplia referencia a la intervención de una niña trans de 8 años en el Parlamento Extremeño la semana pasada y contiene una dura crítica a esta institución por permitirlo, anunciando una posible acción legal contra el Parlamento de Extremadura e incluso contra los padres de la menor (al que se refiere como "niño") por "falta de protección psicológica ".

El texto, firmado por Lidia Falcón, como presidenta del Partido Feminista, afirma que "nos encontramos con toda una campaña organizada y financiada" que está "descalificando con graves insultos y calumnias al movimiento feminista". El auge de las teorías y el lenguaje queer, afirma el texto, está invisibilizando a las mujeres y su lucha. 

La consecuencia de este cambio de lenguaje es que "el lobby gay se está convirtiendo en dominante en todos los campos de la difusión de la ideología feminista, apartando al movimiento feminista de su protagonismo, para imponer sus objetivos", que según el documento son: "Lograr la legalización de los vientres de alquiler"; "convencer a la sociedad de la legitimidad de que el deseo de cambiar de sexo, y de apariencia corporal, expresado por menores, incluso de 4 años, es perfectamente atendible y proporcionado", y "considerar a las mujeres seres prescindibles, excepto para la procreación de niños".

El documento hace una dura crítica a "un sector de la izquierda" que acepta "esta nueva estrategia del patriarcado para dividir al movimiento feminista" y que ha "perdido sus valores de defensa de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad".

Reacción en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no han tardado aparecer. Si bien una parte del feminismo ha apoyado la declaración, otros usuarios afean y critican al Partido Feminista su postura sobre el colectivo trans, así como las afirmaciones sobre el supuesto lobby gay y los fines que persigue.

Desde Izquierda Unida, coalición en la que el Partido Feminista está integrada desde 2015, se han desmarcado de las declaraciones y exigen una rectificación. Desde su área de Políticas LGTBI (ALEAS-IU), han pedido, incluso, su expulsión de IU.

También Carlos Sánchez Mato, responsable de políticas económicas de IU ha sido crítico con el comunicado, afirmando que "puedo esperar ataques de este calado a menores transexuales de la extrema derecha", pero no del Partido Feminista.

Muchos han sido los que en redes sociales han denostado e insultado a las feministas que defendían los argumentos esgrimidos en el comunicado. Estas han sido calificadas con el término TERF (Feminismo Radical Trans Excluyente), un apelativo que muchas mujeres en redes ya han asociado con el término "feminazi", usado para desprestigiar a las feministas.

Segundo comunicado

Ante el revuelo generado y las críticas por parte de IU, el Partido Feminista, reunido de urgencia, ha emitido un segundo comunicado. En dicho documento, el partido afirma que "sabemos muy bien que los transexuales no son el enemigo: es el patriarcado que no sólo nos oprime sino, más terrible aún, nos construye, como está sucediendo con el colectivo ALEAS-IU", al que definen como un "producto claro de la ideología patriarcal y ahora al servicio del negocio capitalista" de los vientres de alquiler.

El documento critica con dureza las descalificaciones e insultos que han recibido, y recuerda que el Partido Feminista "lleva 40 años defendiendo la libertad de elección sexual de todas las personas".

El texto vuelve a reafirmar que "lo verdaderamente peligroso es que esa supuesta izquierda apoye una ley de transexualidad que permite decidir a niños de 4 años el sexo que quieren tener, y en consecuencia el destino de toda su vida, los someten a hormonación y castración sin siquiera unos exámenes médicos psicológicos".

El comunicado afirma que el partido estudia la posibilidad de presentar una "acción judicial por varios delitos de odio contra los colectivos y las personas que nos han insultado, agredido verbalmente y amenazado en esto últimos días".

También exhorta a la dirección de IU a que se posicione en esta crisis y que desautorice al colectivo "ALEAS-IU que pide la expulsión del Partido Feminista".  Por último el documento afirma que se dirigirán a Unidas Podemos y a IU para "solicitarles que retiren la proposición de ley de 2018 sobre transexualidad" que, entre otras cosas, tiene la intención real de "legalizar la trata de mujeres para alquilar los úteros que fabriquen niños comprados por los 'progenitores no gestantes' con dinero".