Absolución en el primer macro juicio por amaños ante la debilidad de las pruebas

Los únicos condenados, a un año y tres meses de cárcel, son los exdirectivos del Zaragoza, Agapito Iglesias y Javier Porquera

La falta de consistencia de las pruebas y la arbitrariedad en la elección de los acusados llevó al juez del caso del posible amaño del encuentro ante el Levante y el Zaragoza en 2011 a decretar la absolución de los 42 acusados por corrupción deportiva.

Los únicos condenados, a un año y tres meses de cárcel, son los exdirectivos del Zaragoza, Agapito Iglesias y Javier Porquera, por haber alterado las nóminas de los jugadores para justificar la salida de 1,7 millones de euros de la entidad, justificándola como primas pero sin que se sepa cuál fue su destino.

Entre los absueltos hay 36 futbolistas, algunos ya retirados pero otros en medio de exitosas carreras como es el caso de Ander Herrera, actualmente en el PSG, Vicente Iborra, Gabi Fernández o Xavi Torres.

Para todos se pedían de dos años de cárcel, 3,4 millones de euros de multas y seis años de inhabilitación, que habría afectado por ejemplo al entrenador Javier Aguirre o a Jorge López, actual secretario técnico del Valencia.

Patas cojas

El juez apunta a que ni el visionado del partido ni testimonios como los del árbitro hacen pensar en nada extraño en el choque y apunta a que el informe estadístico, al que de por sí confiere poca validez, está ‘anulado’ por la circunstancia excepcional de que el Levante no se jugaba nada.

De la denuncia de Javier Tebas destaca que su testimonio por sí mismo no es una prueba, que no quiso identificar a su fuente en el vestuario maño y que el resto de testigos a los que atribuyó haberle hablado del amaño lo negaron en el juicio.

“Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como el que tiene él hay que medir mucho las palabras, ha estado cinco años haciendo declaraciones de todo tipo, ha hecho mucho daño a mucha gente”, apuntó el excapitán del Levante, Sergio Ballesteros.

En cambio el fallo admite que la ausencia de extracciones de efectivo o de pagos con tarjetas de levantinistas ese verano “constituyen un indicio incriminatorio válido del posible amaño”.

“Pero no resulta, en cambio, suficiente para que podamos afirmar, sin ningún género de dudas, que constituye prueba bastante de la comisión del delito”, argumenta una sentencia que se puede recurrir.

La acusación general

Otro de los puntos donde, según el juez, flojea el relato del fiscal es en haber hecho una acusación ‘general’ a los dieciocho convocados por cada equipo para ese choque sin ninguna justificación más que el hecho de que estuviera en el Ciutat de València.

Dice que no habría sido ni “prudente” ni “probable” que lo hubieran sabido todos los jugadores del Zaragoza y que lo normal es que el supuesto enlace del Levante tampoco se lo hubiera dicho a todos sus compañeros dado que “se arriesgaba con ello a que algún disidente denunciara y arruinara el plan delictivo”.

También apunta el juez a que “nada se ha probado acerca de las circunstancias en las que se habría perpetrado el delito de corrupción deportiva, ni acerca de las personas que participaron materialmente en el amaño, ni como se negoció, ni quienes o como lo ejecutaron, de una o de otras parte”.

De hecho, desliza que aunque se hubiera podido probar la compra “cabría la hipótesis alternativa plausible de que no todos los acusados hubieran participado en el amaño, no habiendo razones objetivas y fundadas para discriminar entre unos y otros”, y que eso igualmente habría abocado “a la absolución de todos ellos”.