Fracasó el intento del Surrbac para evitar la intervención

La Justicia federal decidió seguir adelante con los pedidos de intervenir el gremio de recolectores y la mutual. También con la suspensión de los descuentos sobre los sueldos de los afiliados.

Los directivos del gremio de recolectores Surrbac sumaron el lunes dos nuevos reveses en los despachos de la Justicia federal de Córdoba.

El juez Ricardo Bustos Fierro decidió rechazar los pedidos que le habían hecho las autoridades del sindicato y de la mutual Amsurrbac para dejar sin efecto los pedidos de intervención a ambas entidades, y la resolución que ordenó a la mutual dejar de seguir haciendo descuentos por préstamos, sobre el sueldo de los afiliados.

Los argumentos del magistrado dejaron en evidencia que la mutual lleva muchos años sin cumplir la normativa que la Nación establece para todas las entidades, y también criticaron que en la conducción de las entidades gremiales continúan varias de las personas que están imputadas en la causa por la cual permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer los dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

La persona que se colocó como presidente de la mutual debido a la detención de Saillén, Omar Portillo, concurrió acompañado por su abogado Jeremías Carot, en tanto que los abogados Jorge Horacio Gentile y Juan Ignacio Cortez lo hicieron en representación del gremio Surrbac.

Los abogados sostuvieron que el juzgado de Bustos Fierro no tiene legitimidad para ordenar las intervenciones, que estas afectan la libertad sindical y que las irregularidades que el juez detectó en la mutual no estaban bien fundamentadas.

Contra esos argumentos el fiscal Enrique Senestrari, la Unidad de Información Financiera (UIF) -que actúa como querellante en la causa- y el juez federal ratificaron sus anteriores posiciones. Una de las respuestas más contundentes tuvo que ver con que en la presentación ante la Justicia, la mutual admitió que recién ahora está tratando de regularizar su situación ante los organismos nacionales, algo que debió haber hecho en 2014, cuando fue advertida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Es decir, en cinco años la mutual no se habría preocupado por trabajar de acuerdo a las normas.

Con respecto a los descuentos que la mutual les viene haciendo mes a mes a los 2.820 afiliados activos, la Justicia entiende que deben cesar, ya que se considera a esos descuentos como parte del supuesto delito de usura que se les achaca a los líderes de sindicato, quienes se habrían enriquecido personalmente usando el dinero que sus propios afiliados aportaban a la entidad.

Saillén, Catrambone, sus hijos, algunas de sus parejas o ex parejas y otros directivos del gremio (19 personas en total) se encuentran procesadas por diferentes delitos, entre los que sobresalen los de asociación ilícita, usura, lavado de dinero y defraudación. 

Saillén y Catrambone se encuentran en la cárcel desde fines de agosto, y aún pueden ser imputados por otros hechos que forman parte de otras causas judiciales que se tramitan en otros juzgados provinciales, o que fueron unificadas recientemente en el juzgado de Bustos Fierro.

El Inaes anunció que procederá a la intervención de la mutual, en tanto se aguarda qué harán las nuevas autoridades nacionales que asumirán el martes con respecto al pedido de intervenir también el sindicato que Saillén maneja ininterrumpidamente desde hace 18 años.

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