Gobierno de Caibarién investiga queja de damnificado por «Irma»

«La dirección del Gobierno continuará dándole seguimiento a este caso hasta su solución definitiva».

En la edición del pasado 9 de noviembre esta sección publicó el mensaje enviado por Samuel Andújar Servera, residente en Marcelo Salado, Caibarién, suerte de carta-demanda en la que refería sentirse desatendido por las autoridadesdel municipio tras resultar damnificado por el huracán Irma. La misiva incluía además una explicación sobre su situación laboral: desempleado, deudor del banco y, aparentemente, privado de cualquier posibilidad de inserción en entidades del Mined y el Minsap, ministerios en los que había ejercido. En aquel momento, ante la magnitud de sus argumentos, calificamos de tormentoso el panorama en que coexistían Samuel y su madre anciana. Cualquiera habría considerado exactamente lo mismo.

Algunas semanas después, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP)  en Caibarién, Mariela Villareal de Dios, remitió a la dirección de Vanguardiaun extenso informe que, además de repuestas, proporcionó referencias sobre los antecedentes —el caso se había evaluado con anterioridad en la oficina de Atención a la Población de la AMPP— y el seguimiento a la demandas de Andújar Servera. En la investigación no solo intervino el gobierno de la Villa Blanca, sino Vivienda, Educación, Trabajo, Salud Pública y el Inder, lo cual facilitó un análisis multisectorial que identificó responsables y acciones.

Sobre las condiciones constructivas de la residencia del demandante, ya deteriorada antes de «Irma», Villareal de Dios expresa que «al paso del huracán lógicamente se afectó y agravó ese estado y se identificó en la zona como un derrumbe parcial de vivienda. Se le orientó entonces tramitar mediante crédito la compra de materiales según su ficha técnica, ya que en esa fecha tenía vínculo laboral. […] Al transcurrir el tiempo y no aceptar desde el primer momento las facilidades temporales que se les entregó gratuitamente a la mayoría de los damnificados, pues su aspiración era que le cambiaran la vivienda por un nuevo local, su reclamación no tuvo una solución inmediata debido a la magnitud de las afectaciones en un municipio donde todavía quedan pendientes otros casos. Luego se le otorgaron dos facilidades temporales para que mejorara la cubierta de las tres habitaciones que conforman su casa, refirió que con esto solucionaba su necesidad y que no asumiría una construcción. También se le propuso hacer coincidir la solución constructiva de la suya con la de vivienda colindante, algo que reduciría los gastos, pero no aceptó. La otra familia corrió la pared, ejecutó la obra y resolvió su problema.

«En estos dos años han variado las circunstancias de Samuel y su madre ya que él no está trabajando, tiene que pagar un crédito solicitado anteriormente para materiales de la construcción, aunque destinado a otros fines, y su vivienda continúa deteriorándose.  Por tanto, la alternativa de aprobarle un subsidio es una evaluación impostergable para el Consejo de la Administración: solo en Marcelo Salado se han otorgado 28 subsidios que representan más de dos millones de pesos. Los casos priorizados fueron los derrumbes totales.

«Con relación a las solicitudes de empleo en Salud y Educación, obran en poder de la dirección del Gobierno los informes resúmenes de cada una de las instituciones donde trabajó, los cuales demuestran la pérdida de requisitos éticos de Andújar Servera para laborar en centros formadores de las nuevas generaciones». En este particular, la presidenta de la AMPP en Caibarién detalla las apreciaciones de la dirección municipal del Mined,  que incluyen violaciones graves del reglamento disciplinario, enfrentamientos con estudiantes y padres e inadecuados procederes pedagógicos. Ello conllevó a que se le aplicaran sanciones administrativas como la separación definitiva de la secundaria básica Mártires del Pensativo.

«La dirección del Gobierno continuará dándole seguimiento a este caso hasta su solución definitiva, pues constituye un derecho ciudadano de Samuel Andújar Servera el reclamar por sus necesidades, y un deber constitucional nuestro dar respuestas convincentes sobre la base de la verdad».