Tercer Sector Social
SOS de las entidades sociales por los impagos de la Generalitat
by Rosa M. Bosch- La deuda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència supera los 13 millones de euros
Las entidades sociales que atienden en centros residenciales a menores tutelados han vuelto a lanzar un SOS al acumular facturas impagadas por parte de la Generalitat que superan los 13 millones de euros, seis correspondientes a septiembre, que se deberían haber abonado a finales de noviembre, y siete de atrasos de meses anteriores, según ha denunciado hoy la C onfederació del Tercer Sector Social de Catalunya.
Entre enero y el 30 de noviembre de este 2019, habían llegado a Catalunya 2.080 niños y adolescentes migrantes no acompañados elevando a 4.205 el total de los acogidos actualmente por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Durante el 2019 fueron 3.700 el número de personas menores de edad procedentes del extranjero que acabaron en Catalunya su ruta migratoria. Cabe recordar que el Tercer Sector ha reclamado reiteradamente a la Generalitat una mirada a largo plazo para encarrilar mejor el camino hacia la autonomía de este colectivo.
Los menores de edad llegados solos de otros países, la mayoría de Marruecos, que están tutelados por la Generalitat representan el 38% del total. Este porcentaje aumenta hasta el 59’4% respecto a la cifra global de personas que son atendidas en centros residenciales, según los datos de la DGAIA.
La Confederació del Tercer Sector
“Los impagos ponen en riesgo la sostenibilidad de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones laborales”
La Confederació manifiesta su impotencia por los reiterados retrasos en el pago de los servicios públicos de atención residencial a la infancia, desde los Centres Residencials d’ Acció Educativa (CRAE), pisos asistidos, servicios de emergencia o centros de acogida. “Esta situación genera graves tensiones de tesorería a las entidades sociales y pone en riesgo tanto la sostenibilidad de los servicios como el cumplimiento de las obligaciones laborales”, lamenta la Confederació en un comunicado.
El Tercer Sector se ve obligado a financiar dichos servicios a través de recursos propios o endeudándose con los bancos, con el consiguiente pago de intereses. La Confederació apunta que está estudiando “la posibilidad de promover la reclamación de los intereses de demora para paliar el impacto económico y poner fin a una dinámica insostenible para las entidades”.
Otros agravios puestos de manifiesto es que desde hace más de diez años las tarifas que paga la Generalitat por los servicios sociales están congeladas, por lo que han sido las entidades las que han asumido los incrementos de los costes derivados de los convenios colectivos, del IVA y del IPC.
La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Fedaia) se ha sumado a la denuncia pública por los reiterados retrasos en los pagos de la Generalitat.