Candidatos al Congreso por Arequipa plantean pena de muerte

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En el marco de las elecciones para el Congreso, dos candidatos representantes de Unión por el Perú plantean la pena de muerte para violadores y asesinos.

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El Perú tendría que salirse del Pacto de San José para que se aplique esa pena de muerte.

Edgar Alarcón y Leonel Cabrera, del partido Unión por el Perú y candidatos al Congreso por la región de Arequipa, plantean la pena de muerte para violadores y asesinos. En el marco de las elecciones 2020, ambos candidatos proponen esta máxima pena.

“¿Qué debo hacer si llego a congresista gracias a la voz del pueblo?, primeramente, luchar contra la corrupción, una modificación a la Constitución, sanciones drásticas a los funcionarios corruptos, pena capital para el presidente corrupto, pena capital para el violador de niños, para los asesinos, tema de salud”, indicó en noviembre pasado el excontralor Alarcón durante la presentación de candidatos de Unión por el Perú.

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Alarcón, quien fue contralor de la República, también plantea una ley que permita la extradición inmediata de acusados por corrupción. En tanto que Leonel Cabrera también propone la pena de muerte para violadores, asesinos y corruptos, además de una pena de prisión de 15 años por delitos graves. No obstante, cabe preguntarse si es viable el planteamiento de la pena de muerte.

Según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

El Perú es parte del Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dentro de sus artículos se refiere el derecho a la vida, por lo que no es posible aplicar la pena de muerte en otros casos que no mencione la Constitución.

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Para que la pena de muerte se aplique contra los violadores y asesinos, primero el Perú tendría que salirse del Pacto de San José, pero ello implica iniciar un proceso de denuncia contra dicho pacto, además de la modificación del artículo 140 de la Constitución. Asimismo, esta máxima pena contra los violadores y asesinos implica modificaciones en el Código Procesal y el Código Penal; en síntesis, un proceso tedioso que dura años y del que no solo depende de la voluntad de ambos candidatos.