Secretaria Anticorrupción rinde versión en caso Coopera
La secretaria nacional Anticorrupción (SNA), Dora Ordóñez, acudió la mañana de este lunes a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su versión dentro del denominado caso Coopera en el que se investigue un posible delito de peculado. La causa que mantiene una investigación previa fue denunciada por la SNA en octubre pasado.
Según Ordóñez, este es un caso importante porque habría afectado a 113 000 familias de las provincias de Guayas y Azuay y, afirma la secretaria habría estado involucrado un excandidato del movimiento Alianza PAIS a la Asamblea Nacional, quien además cumple una sentencia por el delito de lavado de activos.
La titular de la SNA señaló que han presentado ya tres denuncias por delitos que se desprenderían de hechos ocurridos en el caso Coopera: Una de estas denuncias, explicó Ordóñez, estaría relacionada con las funciones y actuaciones de la exministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta de la Revolución Ciudadana, Doris Soliz.
"En esta semana hemos conocido que la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal (IRP) por $5.5 millones en la adquisición de los bienes de esta cooperativa que se disolvió. Existirían aún recursos que no han sido devueltos a los perjudicados que tenían sus ahorros y eran socios de esta cooperativa, dijo.
La Contraloría también habría determinado en su IRP que el liquidador de la Contraloría convocó a un concurso de precios sin la autorización respectiva y legal; también que se hicieron transferencia de recursos por $ 2.2 millones sin un proyecto de inversión que sustente la iniciativa
Ordoñez aseguró que en la notitia criminis que presentó en octubre, y en la que se ratificará de manera íntegra se determinan las posibles acciones de peculado de la exministra Soliz mientras se mantenía en funciones al solicitar y autorizar que se compren los bienes de Coopera en $10.2 millones.
"La investigación además determinará cuales son las personas adicionales involucradas en este perjuicio al Estado. Se transfieren recursos sin contar con la justificación legal para que esto proceda", concluyó. (I)