INFANCIA PROTEGIDA

La Generalitat debe 13 millones de euros a las entidades que atienden menores tutelados

Según la Confederació del Tercer Sector, la mitad de facturas impagadas son anteriores a septiembre
Las entidades avisan que la sostenibilidad de los servicios está "en riesgo"

La situación de riesgo se acarrea desde hace muchos meses, tal y como ha explicado EL PERIÓDICO en diversas ocasiones, pero el tercer sector ha estallado. En una nota de prensa emitida este lunes, la Confederació del Tercer Sector afirma que la Generalitat debe 13 millones de euros a las distintas entidades que gestionan centros de menores tutelados. Avisan que "se pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones laborales".

El sistema de protección a la infancia se dedica atender aquellos niños y adolescentes más vulnerables: ya sea niños y niñas cuyos padres no se pueden hacer cargo de ellos, adolescentes que han sido maltratados, o niños que han migrado solos o bien sido víctima del tráfico de seres humanos. Todos ellos viven en centros de protección, y más del 80% de ellos están gestionados por entidades sociales, pero financiados por el Govern. El sector ya avisa que el sistema público de atención a estos menores está "en riesgo".

Hace ya meses que estas entidades no cobran las partidas correspondientes para financiar estos recursos. A día de hoy, según la entidad que les agrupa a todos ellos, la Confederació del Tercer Sector, la deuda es asimilable a 13 millones de euros. Seis millones corresponden a facturas del mes de septiembre que se deberían haber abonado el pasado noviembre, y siete más son facturas atrasadas de meses anteriores, según expone la Confederació en un comunicado a los medios. Aunque si nos atendemos a la ley de contratación pública los servicios se deberían abonar con un mes de retraso. Es decir que si contamos el mes de octubre, la deuda ascendería a los 19 millones de euros.

Los datos los ha recogido la Federació d'Entitats a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA), encuestando mes a mes a sus entidades asociadas. Un total de 23 entidades han notificado 300 facturas impagadas de la Generalitat, algunas de ellas datan del mes de febrero. Y afectan a todo tipo de centros de menores, de todas las edades y perfiles, aunque no se descarta que los impagos fueran mayores debido a las entidades que no han respondido, o las que no están federadas. La presidenta de la FEDAIA,  Elisenda Xifré considera que los menores que viven en los centros donde hay impagos sufren "un grave prejuicio". "No tienen las mismas oportunidades porque hay entidades que no se pueden permitir ciertos servicios de ocio educativo", apunta Xifré. Si bien con el estado actual de demoras no se plantean cierres de centros o impagos de sueldos, las entidades han dejado de hacer excursiones, comprar material tecnológico o asumir servicio de refuerzo psicológico, entre otros ejemplos.

Los datos de los impagos son inferiores a los que se dieron a mediados de año. Pero el problema es la persistencia. "Llevamos arrastrando que no hay regularidad en los pagos desde hace demasiado tiempo, y esto es lo más difícil de sobrellevar", critica Laia Grabulosa, directora de La Confederació. "Las entidades están sosteniendo servicios públicos con sus propios fondos o con dinero de los bancos", añade Grabulosa, que también lamenta que la Generalitat no avise de los impagos para que las oenegés se puedan planificar. "Estamos en un bucle inaudito", señala.

"Como consecuencia de los retrasos en los pagos, las entidades han de financiar los servicios a través de recursos propios o, en la mayoría de casos, endeudándose con bancos, con el correspondiente pago de intereses y el encarecimiento final de los servicios", apunta la Confederació. Y ahora quieren que la Generalitat no solo les pague lo que les debe de gestionar el servicio, sino también los intereses que las entidades están pagando a los bancos. Estudian iniciar una reclamación de intereses de demora. Algunas entidades han tenido que retrasar los pagos a sus trabajadores en varias ocasiones a lo largo del año. Mientras que los educadores avisan que las condiciones laborales de estos centros están causando estragos en su salud. 

A lo largo de este año, la Generalitat ha justificado los impagos por distintas problemáticas. Por un lado el cambio del sistema de gestión de pagos con un nuevo modelo de acreditación, y el segundo que el hecho de tener que recurrir a fondos de contingencia, porque han agotado el presupuesto, provoca que el procedimiento de pago se ralentice más de lo habitual. Otro motivo latente es que muchos de los centros que se han abierto en los últimos dos años para acoger a los menores migrantes que llegan solos a Catalunya no están inscritos en la Cartera de Servicios Sociales de la Conselleria d'Afers Socials. 

Promesa de pago

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha asegurado que la deuda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) con las entidades de atención residencial a la infancia se pagará entre el martes y las próximas semanas.

Las fuentes del Govern han explicado que han tenido retrasos "en algunos pagos" a las entidades de atención a la infancia que se tenían que realizar a finales de noviembre, y han indicado que algunos pagos están programados para el martes y el resto de facturas pendientes se encuentran en intervención y se abonarán en las próximas semanas.