Abortos en Ciego de Ávila: la cuenta regresiva de la vida

Mientras las mujeres de Argentina vistieron de verde y tomaron las calles en 2018 en busca de una ley para despenalizar el aborto —permisible solo cuando el embarazo es fruto de una violación o atenta contra la vida de la madre— en Cuba cada 100 mujeres que dieron a luz, según registra el Anuario Estadístico de Salud, otras 72 decidieron terminar con la vida de su feto. Dicho de este modo, se entiende que nadie debe tener un hijo sin desearlo o a contrapelo de las esperanzas de vivir.

La inviabilidad del embrión y el incesto se introducen como excepciones en los códigos penales de países como Chile y Colombia; pero para quienes viven en El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y República Dominicana no existe salvedad alguna y abortar, en cualquier caso, constituye un delito sancionado hasta con 50 años de privación de libertad.

En Cuba interrumpir un embarazo por voluntad de la madre está institucionalizado como un servicio de salud accesible para todas y el Código Penal solo condena su práctica ilícita, con fines de lucro, fuera de las instituciones oficiales, sin el consentimiento de la mamá y por personal no especializado. En lugar de distinciones, se han establecido métodos seguros y gratuitos, que vienen a coronar las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y a garantizar una bajísima mortalidad por esta causa.

Bajo el amparo de una visión en la que cada quien decide sobre su cuerpo, al cierre del 2018, en el Anuario Estadístico de Salud, se registraron 85 045 abortos inducidos en el país, cifra que contrasta con una baja natalidad y la alta esperanza de vida de la población cubana.

Contrario a quienes piensan que el factor económico es el que decide o no un alumbramiento, las estadísticas sobre el aborto revelan cómo la década del ‘80 del siglo pasado mostró cifras muy superiores a las del ’90, y ambas están por encima de las actuales, que muestran, desde 2010, cierta estabilidad. Sin embargo, de lo que siempre se ha tratado es de recurrir a este método como última opción y hoy esa lógica parece invertida, pues junto con su legitimación social ha llegado el abuso, al punto de competir con los métodos anticonceptivos o de planificación familiar.

Por eso cuestionarse los altibajos de los anticonceptivos orales en las farmacias, la falta de promoción sobre los inyectables o rechazar el preservativo por su mala calidad o poca lubricación, son preocupaciones a voz en cuello; no obstante, lo más silencioso y triste transcurre puertas adentro de las instituciones de salud, cuando alguien decide que lo mejor es la interrupción.

Incluso en condiciones seguras, el aborto no elimina riesgos y secuelas para la salud reproductiva y sexual, al registrarse complicaciones anestésicas, perforaciones uterinas, desgarros del cuello, restos, inflamación pélvica, incompetencia cervical e infertilidad, siendo estas las complicaciones inmediatas y mediatas más frecuentes enunciadas por Juan Miguel García Hernández, jefe del Programa Materno Infantil en Ciego de Ávila, donde se constata una tasa de abortos de 32.6 por cada 10 000 mujeres, con mayor incidencia en el municipio cabecera (42.1) y el de Bolivia (41.0).

Si bien estos números pueden parecer distantes, en la sala de Legrado Médico del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola su significado se completa, pues la rutina de trabajo establecida indica la realización diaria de una consulta multidisciplinaria de interrupción del embarazo, y, aun cuando las pacientes tienen 72 horas para arrepentirse de su decisión, pocas lo hacen.

Dudan cuando el proceso ha iniciado y el dolor por la vida que se escurre es una certeza, pero para ese entonces ya no hay vuelta atrás. El uso de las tabletas de Misoprostol se corresponde con el método medicamentoso, empleado en el 80 por ciento de los abortos, de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud Pública para reducir las complicaciones. A través de un ultrasonido se verifica la efectividad del procedimiento y se determina la necesidad de una tercera dosis o una aspiración.

Curioso resulta que nadie regrese en busca de explicación especializada sobre métodos anticonceptivos o que solo 99 dispositivos intrauterinos fueron implantados aquí en los mismos doce meses en que las interrupciones superaron cualquier otro intento por prevenir el embarazo.

Una mirada rápida a las hojas de registro demuestra que el grupo etario de 15 a 19 años está entre los más representados, y la licenciada Diasleidys Gutiérrez Rodríguez, quien comparte mayor tiempo del proceso con las pacientes, es una buena fisonomista, capaz de señalar con el dedo a quienes visitan hasta cuatro veces la sala. En la mayoría de estos casos, no exceden los 25 años y ni siquiera han tenido su primer hijo.

Adonde no llegaron las familias en la formación de los adolescentes, tampoco lo hicieron Educación o Salud con acciones eficaces de promoción y prevención, pues la incidencia de los embarazos precoces también obliga a pensar largo y tendido cómo revertir una tendencia que ha ido aumento en los últimos tiempos. Lo alertaba Invasor en abril del 2018, cuando el territorio registró un 19,7 por ciento del total de embarazos captados en el primer trimestre en adolescentes entre los 12 y los 20 años de edad.

No por gusto se ha dicho hasta el cansancio que es necesario hablar de reproducción, de enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos desde o antes de los 12 años, práctica avalada por los resultados de un estudio publicado en 2018 por el Centro Nacional de Educación Sexual y el Centro de Estudios Demográficos que demostró, como generalidad, que dos años después de la menarquía sobreviene la primera relación sexual.

Si en el Anuario Estadístico de Salud se registra como tendencia el nacimiento promedio de entre 4 000 y 5 000 pequeños en la provincia en los últimos años, que muchos no lleguen a su primer llanto no solo dibuja voluntades y derechos, sino un panorama demográfico complejo donde el aborto se ha naturalizado, pareciendo regla en lugar de excepción.

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