Las pruebas que destapó la Fiscalía contra la familia Ambuila Chará

Compra de divisas e inmuebles, sin tener capacidad económica para ello, hace parte del expediente.

Matrículas inmobiliarias, declaraciones de renta, certificados de compra de divisas y otras transacciones al exterior, así como la declaración que Jenny Ambuila entregó en Estados Unidos sobre dos carros de alta gama que le decomisaron, hacen parte del expediente de la Fiscalía contra la familia Ambuila Chará y otras tres personas más por irregularidades en el funcionamiento aduanero del puerto de Buenaventura.

En diligencias judiciales, la Fiscalía reveló que Ómar Ambuila, quien se desempeñaba como jefe de control de carga en la Dian de Buenaventura, en asocio con otros funcionarios de la Dian, facilitaba el contrabando a empresas importadoras, agencias aduaneras y comerciantes.

Según la investigación, los funcionarios favorecían el contrabando, por ejemplo, permitiendo el saqueo de mercancía ingresada en contenedor y no declarada en documentos (sobrantes).

Por estas labores, los investigados recibían dineros ilícitos que luego movían en varias transacciones para darles apariencia de legalidad.

Fue así como en Estados Unidos, Jenny Ambuila compró un Porsche Cayenne y un Lamborghini Huracán Spyder, avaluados en $ 895 millones, con dineros que, según la investigación, envió su padre en varios giros al exterior.

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La plata salió por intermedio de una empresa de exportaciones que se habría prestado para la salida del dinero ilícito. Ómar Ambuila pretendía encubrir esos dineros como pagos de importaciones que nunca hizo.

"La empresa realizó los giros del dinero para la adquisición de los vehículos y el señor Ómar Ambuila fue quien dispuso el giro al exterior por 'importación de bienes'  con la suma de US$ 715.113, equivalentes a $ 2.149'546.363", dice la investigación.

Esos giros, que se realizaron a través de la empresa de importación al concesionario de lujo en Estados Unidos donde se adquirieron los carros, fueron en 2016, año en que la empresa importadora tuvo, según la Fiscalía, un incremento patrimonial no justificado de $ 1.231'686.000.

De otro lado, la Fiscalía tiene aparte las declaraciones que Jenny Ambuila entregó a autoridades estadounidenses cuando le incautaron los vehículos. Allá, la joven dijo  que aportó dinero para la adquisición del vehículo y pagó el depósito de US$ 20.000 con una transferencia bancaria efectuada por su madre, y aunque efectivamente ese año Ambuila estuvo recibiendo giros internacionales de su madre, que le permitían pagar esa suma, la Fiscalía llamó la atención sobre el hecho de que, según lo reportado en la declaración de renta de Elba Chará, su madre, ella no tenía la capacidad económica para mover esas cantidades de dinero. 

Los giros de dinero

Además de los dos vehículos, también están reseñados en el expediente varios giros de dinero que Jenny Ambuila recibió desde Colombia cuando residía en Miami, estos giros fueron hechos entre los años 2013 y 2017 por personas que eran empleados o clientes de Fares Inmobiliaria, una empresa de su madre –y en la que Jenny es accionista–.

Además, Ambuila también recibió de su madre giros, entre 2011 y 2017, por US$ 176.042, equivalentes a $ 478'722.095; esto, a pesar de que los estados financieros de Chará no mostraban que tuviera un músculo financiero para operaciones de esa cantidad. 

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Para los investigadores, Fares no era más que una empresa fachada para movilizar plata ilegal.

Esa empresa tuvo un incremento patrimonial injustificado de $ 655’320.148, pues, dijo el ente acusador, no contaba con los recursos financieros suficientes para hacer esos giros al exterior. Además, Fares figura como propietaria de 11 inmuebles, por $ 3.700’078.000, igualmente sin tener el músculo económico para esas compras.

Además, la investigación estableció que tan solo tres personas le generaron entre 2014 y 2018 el 95 % de los ingresos a Fares por conceptos de arriendos, por los que han hecho pagos que llegan a los mil cuatrocientos ochenta y nueve millones de pesos. Para la Fiscalía, esto llamó la atención porque, por ejemplo, uno de los inmuebles por los que pagan arriendo no tiene ninguna construcción ni está generando beneficio alguno y, a pesar de eso, aparecen pagos mensuales de arriendo por más de 8 millones de pesos. 

El viernes pasado, los seis investigados por estos hechos fueron acusados formalmente por la Fiscalía de lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al contrabando. El próximo año, el caso seguirá con las audiencias preparatorias de juicio.

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