Una deuda pendiente : Urtubey se va sin designar a integrantes del Comité contra la Tortura 

Durante todo este año el gobierno de Salta tramitó los concursos para la selección de integrantes del mecanismo de prevención de la tortura y tratos crueles. Pero la designación quedará en manos del nuevo gobernador. 

Con tres de sus cinco miembros ya seleccionados, se considera que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura puede comenzar a funcionar, pero el gobierno de Juan Manuel Urtubey llega a su fin sin formalizar el decreto de designación. Ahora será su sucesor, Gustavo Sáenz, quien deba completar el proceso.

El Comité fue creado en 2012, como Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, forma en la que tuvo actuación, pero limitada por su propia integración, de mayoría de funcionarios del gobierno de turno. Recién este año, luego de modificaciones introducidas por observaciones de organismos internacionales, se hizo el concurso para su integración formal de manera autónoma y autárquica, ya como Comité, como prevé la ley. Está previsto que se integre con cinco representantes, uno por la Cámara de Diputados, otro por el Senado, otro por el Poder Ejecutivo y dos propuestos por organismos de derechos humanos.

A principios de este año el gobierno de Salta lanzó los concursos para seleccionar a un representante del Ejecutivo y a los dos representantes de los organismos. Aunque fue invitada, la Legislatura prefirió no realizar todavía su concurso. El abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, fue seleccionado por el Ejecutivo, mientras que el también abogado Rodrigo Sola y la especialista en archivología y militante de derechos humanos Cristina Cobos fueron seleccionados por los organismos de DDHH. Sin embargo, en el último tramo el gobierno saliente demoró sus designaciones con el argumento de que esta decisión va atada a la aprobación del presupuesto 2020.

Sola informó a Salta/12 que la semana pasada mantuvieron reuniones con funcionarios actuales tratando de agilizar las designaciones, teniendo en cuenta que está terminando la gestión de Urtubey, pero les informaron que, si bien ya está listo el borrador del decreto de designación, no pueden hacerlo porque tiene una imputación presupuestaria, por lo que debe primero tratarse el proyecto de presupuesto 2020.

“Lamentablemente hemos quedado sin la designación antes de que finalice este gobierno”, sostuvo por su parte Cobos, quien destacó que deberán “seguir trabajando con las nuevas autoridades. Es una ley, esperemos que no nos pongan ninguna traba, ningún inconveniente para que nosotros podamos empezar a trabajar, por supuesto con las designaciones en la mano”, se precavió.

Igual que Sola, Cobos consideró que la no realización del concurso para seleccionar a los representantes de la Legislatura no es un impedimento para que el Comité comience a funcionar: “ya con los tres miembros, uno del Ejecutivo y dos de los organismos, podemos trabajar”, sostuvo. A pesar de ello, Sola urgió a Diputados y el Senado a completar la integración del organismo encargado de controlar a las instituciones que tienen relación con la libertad, la vida y la integridad de las personas.

“Queremos que (el Comité) se constituya lo antes posible (...), estando ya tres personas integradas se puede funcionar”, sostuvo Sola, quien destacó que "es importante para toda la sociedad" la existencia de "un organismo que sea independiente, autónomo, que pueda generar incluso propuestas, recomendaciones, observaciones en relación a políticas públicas respecto de casos concretos". En ese contexto, el abogado consideró que este "ha sido un año muy difícil en relación a violencia institucional", en el que hubo abusos policiales y  muertes "incluso en traslados hacia las comisarías”.

Sola explicó que el Comité “tiene facultades muy amplias”, desde “tomar denuncias hasta hacer recomendaciones, presentar querellas, amicus curiae”. “Puede dar opiniones ante los casos de ascensos o promociones” de miembros de las fuerzas de seguridad y además, el Comité local es parte del Comité Federal y del mecanismo nacional de prevención contra la tortura. 

Un sistema de la dictadura 

Cristina Cobos afirmó que "nunca" se cambió el sistema penitenciario tras la última dictadura cívico militar. "Desde la dictadura tenemos experiencias dolorosísimas con respecto a nuestros compañeros que han sido detenidos desaparecidos, torturados, vejados y sin que nadie hiciera nada al respecto, con relación al sistema penitenciario", afirmó antes de explicar que "fundamentalmente es eso" lo que la empujó a integrar este Comité, porque le parece que "el sistema penitenciario requiere un cambio yo diría de 180 grados".

Cobos, que fue coordinadora de la Comisión contra la Tortura, enfatizó las diferencias entre aquel organismo y éste. Dijo que “este Comité va a tener autonomía, lo que no tenía la Comisión”.

Contó que en el marco del trabajo de la Comisión intervinieron en varios casos y realizaron visitas a los centros de detención, pero lamentó que esta Comisión no tenía la fuerza suficiente para hacer un cuestionamiento a fondo de ciertas prácticas del sistema penitenciario, y solo lograron “cambiar un alcaide o dos, pero no cambiar el sistema, que es justamente lo que hay que cambiar”. “Creo que el cambio aquí es de fondo. Tiene que hacerse un cambio muy de fondo, por supuesto que tiene que haber un poco de flexibilidad de las autoridades, porque ahí tenemos que trabajar con ministros, con secretarios y, bueno, eso por supuesto es una tarea muy difícil porque nadie quiere cambiar algo que viene desde hace casi cien años podríamos decir", afirmó.

Cobos sostuvo que por todo esto, para ella el funcionamiento de este Comité "es de suma importancia”. “Estamos en democracia y la democracia también es eso, trabajar por todas las personas", añadió en respuesta a quienes cuestionan diciendo que el Comité defiende a delincuentes. "No es así, hay que concientizarnos y saber que las personas que están en un sistema de encierro, (...) son seres humanos fundamentalmente, son seres humanos a los que el estado no puede abandonar y tiene que tener un trato como lo manda la Constitución, nada más ni nada menos, no es otorgarle privilegios ni nada que se le parezca”, sostuvo. 

También destacó que el Comité puede ingresar a cualquier institución que tenga personas encerradas. Los lugares de alojamiento de chicos y chicas en conflicto con la ley penal, los siquiátricos, los geriátricos. “Ver en qué condiciones está esa gente, que está indefensa. Porque en un geriátrico, sea público o privado, nosotros tenemos la facultad de ingresar”.

Cobos concursó en representación de la Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet". Sola fue respaldado por Familiares de Detenidos - Desaparecidos y la Asociación Miguel Ragone.