Greenpeace reclama que el Gobierno fije en 2025 el tope para el cierre de las térmicas de carbón

La organización denuncia que en las explotaciones de mineral de las que España importa el carbón se violan de forma sistemática los derechos humanos

Madrid

Greenpeace reclamó hoy al Gobierno que utilice su protagonismo en la Cumbre de Madrid para anunciar que va a fijar una fecha tope para poner fin a la generación de electricidad en España a través de las térmicas de carbón y le pidió que esa fecha, como muy tarde, sea el 2025.

La organización ecologista recordó que las térmicas de carbón son todavía el principal generador del cambio climático en España porque son las principales emisoras de gases de efecto invernadero en el país. En 2018 lanzaron a la atmósfera 40 millones de toneladas de CO2, lo que supone aproximadamente el 12% de todos los gases de efecto invernadero emitidos, cuatro veces más de todos los generados por Madrid. Estas centrales son las responsables del 65% de todo el CO2 que produce la generación de electricidad en España pese a que solo aportan el 14% de la potencia electrica que llega a los consumidores.

2020 será el año en el que las propias empresas electricas van a echar el cierre en la mayor parte de la quincena de centrales térmicas del país. Si las autorizaciones del Gobierno llegan a tiempo, el 30 de junio del próximo año deberían cerrar la aproximadamente una decena en las que no se han querido invertir recursos para reducir las emisiones de gases tóxicos y así cumplir los mínimos fijados por la UE a partir de esa fecha.

Solo cinco centrales han realizado esta actualización técnica, pero Endesa anunció hace unos días que sus dos últimas centrales térmicas de carbón -que seguirán con la producción tras 2020-, las de As Pontes (La Coruña) y Carboneras (Almería), cerrarán de manera definitiva en 2022. Tras esa fecha, en principio, solo habría tres térmicas de carbón activas en España, las de Aboño y Soto de Ribera, ambas de EDP y ambas en Asturias, y la de Los Barrios (Cádiz), que pertenece a Viesgo. Ninguna de las dos compañías ha dicho hasta cuando mantendrá sus actividad y Greenpeace recuerda que en el actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se da a entender que este tipo de generación se podría realizar incluso hasta más allá de 2030.

Los ecologistas consideran necesario que las emisiones de las térmicas que queden en funcionamiento tras 2020 cesen como muy tarde en 2025 para que España pueda cumplir un recorte de emisiones de CO2 para 2030 del 55% sobre 1990 (más del doble del que el Gobierno tiene hoy comprometido y en línea con las demandas del Parlamento Europeo), que cree que es el compromiso que el Ejecutivo debe anunciar antes de que acabe la COP25.

Las heridas del carbón

Greenpeace hizo estas reclamaciones en la presentación del informe 'Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas', en el que denuncia que la extracción del carbón que España importa especialmente de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica «lamentablemente esta vínculada a la violación sistemática de los derechos humanos en estos países».

El documento señala que las explotaciones mineras de esos países de las que las empresas españolas con térmicas de carbón importaron en 2018 algo más de 16,5 millones de toneladas de mineral provocan «desplazamientos forzosos de población, contaminación, restricción del acceso al agua, persecución de los pueblos nativos, daños a la salud, criminalización o represeión de sus derechos de protesta».

Greenpeace reclama al Gobierno que establezca «mecanismos efectivos para asegurar su deber de vigilancia y control, que obligen a las empresas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en toda su cadena de suministro». De igual manera, considera que las propietarias españolas de estas térmicas que queman el carbón de estas explotaciones extranjeras son responsables de «identificar y prevenir cualquier impacto sobre los derechos humanos en su cadena de suministro» y de utilizar todo «su poder de influencia» para evitar las violaciones de derechos y los daños al medio ambiente en estos países.