La fiscalía pide cuatro años por la desaparición de siete millones de euros de Aidico

Los fondos europeos para construir una sede se destinaron a pagar préstamos y proveedores, a un proyecto en Rumanía y a una guardería en Paterna

Valencia

La gestión de las ayudas europeas siempre ha sido un foco de sospecha. Si a esta circunstancia le añadimos la presencia en la ecuación de un instituto tecnológico -unas entidades que han padecido la asfixia del Consell por la disminución de transferencias- no resulta tan extraño que dos asuntos hayan terminado en los juzgados. El caso de la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) consiste en la desaparición de siete millones de euros -el 70% de fondos Feder de la UE y el 30% de la Generalitat- destinados a la construcción de una sede del instituto en Novelda. La infraestructura nunca se terminó.

Juan Eloy Durà, expresidente de los constructores valencianos y fundador del grupo Montalt, presidía el Consejo Rector de Aidico y es uno de los principales acusados. El dirigente firmó en 2009 un convenio con el Ministerio de Ciencia y con la Generalitat para las nuevas instalaciones. El Gobierno anticipó algo más de siete millones de euros para el proyecto. A partir de ese momento, Aidico invirtió 1,6 millones en la obra divididos en varios pagos a las constructoras encargadas de la actuación.

El resto de la subvención, sin embargo, se destina a otros menesteres. Por ejemplo, 1,7 millones van a la cancelación de préstamos que tenía la entidad. Otro millón de euros se evapora en pago a proveedores sin relación con la obra principal. No obstante, lo más sorprendente es que también concentran sus esfuerzos económicos en la construcción de un centro en Rumanía propiedad de una filial e inyectan cerca de otro millón en la Fundación para la Infancia de Paterna, que abrió una guardería experimental. Cerró a los seis meses.

A finales de 2010, un año después de recibir la ayuda -la mitad de sus ingresos anuales- las cuentas de Aidico estaban secas. «No tenía recursos para ejecutar la obra» y dejó de pagar a las empresas que trabajaban en la sede de Novelda. Todavía hubo un segundo intento, en septiembre de 2011, para reanudar el proyecto. Pero de nuevo la asfixia económica de Aidico lo impidió. Finalmente, la firma entró en concurso.

La fiscalía considera la cúpula del instituto responsable de estos hechos, que califica como un delito de fraude de subvenciones. Reclama cuatro años para tres acusados y una multa de diez millones de euros. Al margen de Durà, el ministerio público incluye en la acusación a José María Carrau, vicepresidente de Aidico. Ambos participaban en las reuniones del consejo rector y conocían la evolución económica del instituto. También tuvo un papel relevante, Ramón Congost, director de Aidico desde 1996 a 2014. Fue administrador de la entidad y con amplios poderes tanto para los proyectos como en la gestión económica.

Congost gestionó la concesión de la subvención de siete millones y decidió un destino diferente para el que estaban concedidas. A través de diferentes maniobras logró ocultar en las cuentas de la entidad la «precaria situación económica» que arrastraban. Por último, la fiscalía incluye en su escrito de acusación a Francisco Javier Mohedano, el que fuera director financiero de la institución, que colaboró en las argucias contables. En su caso, se enfrenta a tres años de cárcel. La fiscalía exculpa al IVACE -el órgano de la Generalitat que controla los institutos tecnológicos- porque con las maniobras de los acusados no pudieron conocer que la subvención no se estaba destinando a la construcción de la nave.

No ha sido esta la única investigación abierta a los centros tecnológicos. Otro juzgado sigue el rastreo al Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) por otro fraude de subvenciones de varios millones de euros. El método delictivo consistía en registrar horas de trabajo ficticias en los proyectos subvencionados para obtener así más recursos. El plan se completaba con falsificaciones de facturas de algunos proveedores a los que se les modificaba, parcial o totalmente, el objeto o el concepto por el que se habían cursado. Tras esa variación, se podían incluir en las iniciativas financiadas por la Generalitat o la Unión Europea.