PNV y Podemos recogen el derecho a decidir "pactado" con el Estado en el nuevo Estatuto

El experto del PSE rechaza las formulaciones de los juristas del PNV y Podemos dentro del acuerdo alcanzado en gran parte del articulado: su introducción "pone en riesgo el conjunto del consenso"

Los juristas designados por PNV y Podemos para redactar el borrador del anteproyecto de la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco recogen el ejercicio del derecho a decidir "pactado" con el Estado dentro de la Disposición Adicional Segunda del texto, algo que rechaza de plano el experto propuesto por el PSE, con el que han llegado a consensos en la mayoría del articulado, y que deja constancia de su desacuerdo con un voto particular discrepante.

La cuestión del derecho a decidir es uno de los grandes disensos que existen entre los juristas del PNV, Podemos y PSE que han consensuado el texto de reforma del Estatuto que será entregado este lunes en el Parlamento Vasco y que contendrá diversos votos particulares al no haber llegado a consensos en las polémicas cuestiones, como el derecho a decidir o la consulta "habilitante".

En relación al derecho a decidir, el jurista designado por el PNV, el diputado en el Congreso Mikel Legarda, refleja en su propuesta recogida en la Disposición Adicional Segunda del articulado que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

También apuesta por el derecho a decidir de forma decidida la experta seleccionada por Podemos, Arantxa Elizondo, que, en su propuesta, de corte similar a la del PNV, refleja que “la plena realización de los derechos históricos, como manifestación institucional del autogobierno de Euskadi, se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”. En este caso, Podemos no recoge expresamente el concepto ‘derecho a decidir’ y habla de reconocer la capacidad del pueblo vasca para expresar “su voluntad libre y democráticamente”.

Estas dos formulaciones del derecho a decidir son rechazadas de plano por Alberto López Basaguren (PSE), que emite un voto particular discrepante. "Acepto el mantenimiento de la Disposición Adicional única del actual Estatuto –que aquí aparece como primera– en la medida en que forma parte del consenso estatutario de 1979. Y no soy yo quien va a proponer la puesta en cuestión de las cuestiones fundamentales de aquel consenso, aunque no me gusten. Pero si se plantea alterar ese consenso, introduciendo esta segunda Adicional, entonces yo propongo eliminar la actual y me opongo a la inclusión de ésta. Hay que tener en cuenta que esta introducción puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado", refleja.

Los posicionamientos que iban a defender los juristas de los tres partidos eran ya conocidos, con los expertos del PNV y Podemos a favor de recoger el derecho a decidir y el del PSE en contra de cualquier formulación que implique el reconocimiento del ejercicio de la autodeterminación, pero no la literalidad de las propuestas, que han sido avanzadas por el diario digital 'abertzale' Naiz. Los cinco expertos designados por los partidos para redactar el borrador del anteproyecto, y en el que llevan trabajando desde octubre de 2018, se reunirán este mismo lunes, horas antes de registrar las conclusiones en el Parlamento, de cara a ultimar el documento, ya que aún hay algunas cuestiones por cerrar. Tras su registro, el documento pasará a manos del letrado de la Cámara, que lo trasladará el martes a la Mesa de cara a su posterior desarrollo en la Ponencia de Autogobierno, donde se tratará de articular una proposición de ley que sustituya al Estatuto de 1979 –el texto normativo vasco es el único autonómico que no ha conocido una reforma desde su aprobación–.

En la ponencia, los partidos tendrán que trabajar con cinco planteamientos diferentes en torno al derecho a decidir, ya que los juristas propuestos por EH Bildu (Iñigo Urrutia) y el PP (Jaime Ignacio del Burgo) registrarán sus propias propuestas de reforma del Estatuto al desmarcarse del consenso generalizado alcanzado por los otros tres expertos –el primero porque asegura que el texto se queda corto dentro de las pretensiones soberanistas 'de la coalición 'abertzales y el segundo porque defiende que es abiertamente inconstitucional–.

El texto que registrará el jurista designado por la antigua Batasuna refleja que "en orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums, en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales". En esta línea, apunta como concepto genérico a que "los poderes públicos de la Comunidad Estatal Vasca (el nombre del Sujeto quedó abierto a debate en las bases) facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social". Falta por saber el contenido exacto de la propuesta del representante del PP en la comisión de expertos, que, en todo caso, abogará por mantener el actual Estatuto de Gernika ante una reforma que "rebasa la legalidad". A este respecto, los populares vascos ya han advertido de que el texto consensuado por los juristas del PNV, PSE y Podemos “liquida cualquier posibilidad de competencia de España en el País Vasco".

Los intentos de Legarda y Elizondo para sumar a López Basaguren sobre el derecho a decidir han sido en balde y las dos formulaciones diferentes planteadas no han suscitado el aval del catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), que siempre se ha opuesto a introducir en el texto cualquier enunciado que dé pie a la autodeterminación, sea cual sea su redacción, o se recoja la condición de ejercicio "legal y pactado" con el Estado. Ante la imposibilidad de avanzar en torno a esta cuestión en la comisión de expertos, el portavoz de Podemos en el País Vasco, Lander Martínez, ha anunciado que su partido planteará en la Ponencia de Autogobierno "una propuesta desbloqueadora" del derecho a decidir para su cabida en el nuevo Estatuto. La medida, según ha afirmado, iría en la línea de las dos mesas de debate que la formación morada planteó en su momento, una para el Estatuto y otra para el derecho a decidir", para no bloquear los posibles avances en la reforma estatutaria.

El planteamiento del ejercicio del derecho a decidir previo acuerdo con España no se recogía en las bases pactadas por el PNV y EH Bildu en la Ponencia de Autogobierno, de marcado acento soberanista –abría la puerta a una consulta "habilitante" y establecía una distinción entre ciudadanos y nacionalizados– y que servía de punto de partida para el trabajo de los juristas. El documento consensuado el pasado año por las dos fuerzas soberanistas dejaba constancia de que "el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático", el cual "exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca". "Se trata, por tanto, de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y la vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados", se reflejaba en el acuerdo base.

Las discrepancias del jurista del PSE con los del PNV y Podemos también alcanzan a la posibilidad de consultar a la ciudadanía el contenido del futuro Estatuto. El PNV ha renunciado a la consulta habilitante que propugnaba en el acuerdo de bases con EH Bildu para plantear ahora junto a la formación morada que se "habilitarán procesos de participación ciudadana en la forma que prevea el reglamento de la Cámara, pudiendo, en su caso, con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales, consultarse, sin carácter vinculante, al cuerpo electoral sobre la reforma aprobada". Esto es, con este planteamiento, ambas fuerzas buscan dar cauce a que la ciudadanía pueda posicionarse sobre la futura 'Constitución vasca' una vez el texto normativo sea aprobado en el Parlamento vasco, aunque el resultado de esta consulta no sea vinculante. Ante esta cuestión, López Basaguren ha emitido también un voto particular discrepante.

El PNV ha optado por minimizar el carácter soberanista del nuevo texto normativo entre las fuertes críticas de EH Bildu, que ha acusado a los 'jeltzales' de "cercenar" el derecho a decidir para llegar a un consenso con el PSE y Podemos. La formación de Andoni Ortuzar ha incorporado el derecho a decidir en una disposición adicional y no dentro del cuerpo normativo y, además, dentro de un ejercicio "pactado" con el Estado con la pretensión de no rebasar los límites de la Constitución para intentar sumar así al PSE y Podemos. En todo caso, Legarda prevé defender de forma particular la distinción que se había acordado con la coalición 'abertzale' entre ciudadanos y nacionalizados.

En términos generales, la postura que ha mantenido el diputado 'jeltzale' en el Congreso va en línea con el planteamiento que ha defendido desde el inicio de los trabajos de la comisión de expertos el lehendakari Iñigo Urkullu de "ensanchar los acuerdos". En esta cuestión ha incidido hoy el presidente vasco en el Parlamento de Vitoria, en respuesta a una interpelación del PP en la sesión de control, donde ha emplazado a los partidos a “modular los sentimientos, aplicar el binomio 'realismo más responsabilidad' y desarmar las palabras” con el objetivo de lograr "un amplio consenso" en torno al nuevo Estatuto que respete la “pluralidad” y la “convivencia”. De momento, las discrepancias en torno a algunas cuestiones aún persisten entre el PNV, PSE y Podemos –es el caso, por ejemplo, de cómo dirimir los conflictos competenciales que puedan darse entre los gobiernos español y vasco– a menos de 72 horas del registro del borrador de reforma estatutaria en la Cámara.

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