Sin huracanes, soplarán vientos de cambio en Comodoro Py

El propio presidente electo viene cuestionando el accionar de algunos jueces –nombró a varios- y fiscales.

La sola circunstancia de la comparecencia de la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ante el titular del Juzgado Federal N° 9, Luis Rodríguez marcó el inicio de un vals que convocará a nuevos danzarines a los estrados judiciales, escribiendo un nuevo capítulo en la dramática novela que se escribe cada vez que cambia un Gobierno en la Argentina.

Con un gran sentido de la oportunidad, los jueces suelen convocar a los funcionarios y exfuncionarios que se alejan del poder, aunque a veces, cuando las pruebas atosigan, envían a prisión a los que han cometido delitos muy evidentes mientras ejercen la función pública.  

En esta ocasión, los convocados de ahora en más pertenecerán al signo político en retirada, es decir, al Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-Ari. Antes, en los últimos cuatro años, los antecedieron en su periplo por Comodoro Py decenas de exfuncionarios de los Gobiernos que lideraron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Se publicaron, además, fotos de algunos ellos mientras eran detenidos, unos en pijama, otros adornados por cascos similares a los que utiliza la policía o disfrazados con ostentosos chalecos antibala o simplemente esposados.

¿El objetivo? Mostrar, sin decirlo expresamente –aunque se lo decía claramente en otros ámbitos, éstos no judiciales-, que lo que movilizaba a los opositores políticos de Cambiemos era la corrupción, no la política. Que eran simplemente ladrones, no funcionarios o diputados o senadores o sindicalistas que reclamaban sus derechos.

De esta manera, se condenó a ciertos detenidos sin evidencias, se detuvo preventivamente a otros sin motivos y se castigó sin el marco legal imprescindible a jueces y fiscales que se negaron a aceptar las “sugerencias” que dejaban caer en sus oídos algunos “operadores judiciales” o, como en el caso del juez Luis Carzoglio, directamente funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia.

Por si tantos desatinos fueran pocos, el 27 de febrero de 2019, el juez que entiende en la causa de la extorsión contra el empresario Pedro Etchebest, Alejo Ramos Padilla, citó a declarar al fiscal Carlos Stornelli, que está sospechado de estar relacionado con una banda delictiva que practicaba el antiguo arte del espionaje y la felonía de la extorsión, entre otras finezas.

Esta crónica está siendo redactada el 27 de noviembre, exactamente nueve meses (o 273 días) después de esa primera citación judicial y en este tiempo el fiscal jamás se hizo presente en el Juzgado de Dolores, manteniéndose en rebeldía y protagonizando un bochornoso desmán jurídico, aunque por estos días anticipó su comparecencia, finalmente.

El presidente electo, Alberto Fernández, un hombre de derecho, no se mostró indiferente ante estos sucesos. El 14 de mayo último, afirmó, ante los micrófonos de un programa radial, que “algún día Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno” y remató que “es escandaloso lo que hicieron”.

Luego, apenas unos meses después, el 19 de agosto, para ser precisos, el presidente electo volvió a la carga, al afirmar que “la verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente. Tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de derecho”.

Posteriormente, unos días antes de las elecciones del 27 de octubre –en las que fue ungido como presidente- Fernández expresó que el presidente de la Nación “inauguró un sistema de encarcelamiento a opositores como nunca se vio en la Argentina. Tenemos que acostumbrarnos a que la Justicia actúe con libertad. Hacer justicia es muy serio”.

Cuando se retiró del Gobierno en 2004, Gustavo Béliz se planteaba una reforma de la Justicia, que finalmente no se concretó. Ahora estaría de vuelta en el Gobierno después 15 años de trabajar en distintos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y volvería a la carga con la misma intención y con un fuerte apoyo.

En el Frente de Todos existe la convicción de que la Justicia no puede seguir funcionando como hasta ahora, tironeada por intereses políticos, económicos y por internas propias que desdibujan la imagen de los funcionarios judiciales y ponen en duda todos sus fallos y resoluciones.

El hermetismo que rodea a los funcionarios que formarían parte del equipo de Alberto Fernández impidió hasta ahora conocer los planes que llevarán a cabo, pero una cosa es segura: nada seguirá siendo de la misma manera.