¿Qué viene en el caso por el asesinato de Dimar Torres?

Militar fue condenado a 20 años de prisión por el crimen. Otros militares siguen en el proceso.

El cabo retirado del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo “segó sin ninguna justificación” la vida del exintegrante de las Farc Dimar Torres y era consciente de lo que estaba haciendo.

Según la Fiscalía, Torres fue asesinado por el cabo segundo Gómez Robledo, supuestamente siguiendo órdenes del coronel (r) Jorge Pérez Amézquita, quien también está siendo procesado por el crimen. 

Aunque inicialmente los militares trataron de presentar los hechos como producto de un enfrentamiento, después quedó en evidencia que se trató de un asesinato.

Así lo afirmó la jueza segunda especializada de Cúcuta, Norte de Santander, quien sentenció ayer al exmilitar a 20 años de cárcel, al pago de una multa de 1.333 salarios mínimos y a una inhabilidad por el mismo tiempo de la pena impuesta.

La defensa de los militares trató de lograr que el caso fuera a la justicia penal militar, por lo que dijeron que había un choque de competencias, pero el Consejo Superior de la Judicatura dejó la investigación en la justicia ordinaria.

El día del asesinato

En una audiencia, el pasado 9 de septiembre, el fiscal que lleva el caso hizo un resumen de los hechos investigados.

En ese momento, el fiscal indicó que con ocasión de la muerte de un soldado llamado Pablo Emilio Borja, que estaba al mando del coronel Pérez Amézquita, este último "mandó a sus subalternos a encontrar al grupo o persona que ocasionó la muerte del soldado, con el fin de vengar dicha situación, por ello se iniciaron las tareas pertinentes de inteligencia de combate para encontrar a dicho responsable".

El fiscal continuó diciendo que una semana después de que se iniciaron las labores de inteligencia, "el soldado (Daniel) Gómez Robledo reportó a sus superiores que el probable autor de la muerte de su compañero había sido el excombatiente Dimar Torres Arévalo, a quien señaló de ser explosivista del Eln". En ese reporte, el soldado dijo que ya tenía la ubicación de la vivienda de Torres, sus rutinas y medios de transporte.

Según le narró el fiscal a la juez, "el coronel (Pérez Amézquita) expuso: 'A ese man no hay que capturarlo, sino que hay que matarlo porque no aguanta que quede en la cárcel'".

A ese 'man' no hay que capturarlo, sino que hay que matarlo porque no aguanta que quede en la cárcel

El día de los hechos, el cabo segundo Gómez Robledo esperó que Torres pasara por donde se estaba haciendo un retén, "le hizo detener su motocicleta, le realizó una requisa y al no encontrarle nada ilícito, cumplió con el mandato ordenado por el coronel Pérez Amézquita y 'le dio de baja' ".

Al escuchar el impacto de cuatro disparos, los soldados Cristian David Casilimas, Yorman Buriticá y William Alarcón "arribaron al lugar de los hechos y decidieron ayudarle (a Gómez Robledo) a desaparecer tanto el cuerpo del señor Torres como su motocicleta; sin embargo, por la presencia de algunos ciudadanos, los soldados no lograron tal cometido", narró el fiscal ese día.

Que siga la investigación

De hecho, la jueza que condenó al cabo pidió a la Fiscalía que siga investigando los hechos “en búsqueda de posibles autores diferentes a la persona que ha sido condenada”.

El representante de la víctima dijo en la audiencia que los hechos no fueron cometidos solo por el exuniformado y que para llegar a la verdad definitiva se debe avanzar en los procesos contra los demás mencionados.

Por este asesinato son procesados el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, en calidad de determinador del homicidio, y los soldados profesionales Cristian David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte, como cómplices del crimen.

La audiencia contra ellos estaba prevista para el 9 de septiembre, pero un recurso interpuesto por sus abogados llevó a que el expediente pasara al Consejo Superior de la Judicatura y luego al superior del juez de Paloquemao al que había llegado el proceso, quienes concluyeron que el caso debe seguir en un despacho de Bogotá. 

Ahora está pendiente la citación para reiniciar el proceso de imputación de cargos.

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