Tras conocerse la adjudicación

La CNMC regaña a Adif: crea inseguridad jurídica en aspectos esenciales del AVE

Competencia afea que el gestor ferroviario no haya adaptado varias de sus recomendaciones como la modificación de la normativa de fijación de cánones.

No hay paz para Adif. La CNMC acaba de hacer público su informe relativo a las Declaraciones sobre la Red de Adif y Adif Alta Velocidad para el ejercicio 2020. En él, regaña a la compañía pública al considerar que existe una "falta de decisión" sobre determinados aspectos básicos que genera "situaciones de inseguridad jurídica" en ciertos aspectos claves de la operación ferroviaria. En concreto, alude directamente a la evolución de la red y los cánones que deben pagar los operadores. 

La sala de Regulación de este organismo, en manos de la vicepresidenta, María Fernández, ya había advertido en anteriores ocasiones, y vuelve a hacerlo ahora, sobre aspectos también determinantes a la hora de acceder a las vías por parte de los futuros operadores. Es el caso de la compra de material rodante, la formación de maquinistas o la planificación de la oferta comercial, así como la señalización que, tal y como ya señaló La Información, puede retrasar la llegada de la competencia a la línea Madrid-Sevilla hasta 2022.

La CNMC se centra sobre todo en las consecuencias que puede tener para los operadores el hecho de que los cánones de Adif estén directamente vinculados con los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, Competencia no es la única que ha afeado a la compañía pública esta alta vinculación, desde Bruselas se advirtió varias veces de la existencia de esta problemática y se terminó enviando a nuestro país un dictamen motivado -último paso antes de la sanción- al respecto, tal y como adelantó La Información. 

En el informe hecho público este viernes por el organismo que capitanea, en funciones, José María Marín Quemada, se señala que esta vinculación implica "mayores restricciones en las capacidades de gestión de los administradores de infraestructuras". Estos problemas podrán aumentar a medida que las empresas ferroviarias demanden nuevos servicios en instalaciones ferroviarias, ya que su gestión a través de las actuales figuras tributarias se hará más compleja. 

La CNMC afea estos problemas y señala que "es necesario" modificar el marco normativo aplicable al sistema de fijación de cánones, además de su cuantía y su evolución. Adif fijó a finales de septiembre su planificación de cánones de cara a los próximos cinco años para todos los operadores incluidos en sus registros. La propuesta supone una subida media de los mismos, con rebajas en algunas líneas concretas. El problema principal es que al estar ligados a los PGE, estas modificaciones dependen directamente de la actividad parlamentaria ahora paralizada. 

Pruebas de circulación

Más allá de las operaciones puramente comerciales que vayan a llevar a cabo los operadores -los preadjudicatarios son Ilsa y SNCF-, las compañías deben tener capacidad para poder realizar pruebas de circulación en vía que le permitan obtener la autorización de puesta en servicio de los trenes. Este aspecto "resulta esencial" para la entrada efectiva en el mercado de transporte de viajeros, por lo que "cabe requerir a los gestores de infraestructuras la máxima flexibilidad" para acomodar las peticiones de las empresas. 

Dado el elevado número de circulaciones que deben realizarse para obtener la autorización de puesta en servicio, el informe de la CNMC señala que "es importante que la Declaración sobre la Red recoja todos los costes asociados a la adjudicación de capacidad para este fin", incluyendo la totalidad de los cánones y tarifas que Adif y Adif AV aplicarán a los tráficos en pruebas.