PLENO MUNICIPAL

Barcelona exige protagonismo en el control de las habitaciones turísticas

BComú, el PSC, ERC y JxCat instan a la Generalitat a regular la cuestión y a tener en cuenta al consistorio
El ayuntamiento quiere tener capacidad para inhabilitar a los que alquilen si incumplen las normas

Barcelona quiere tener un protagonismo indiscutible en el control del alquiler de las habitaciones turísticas, en lo que se denomina hogares compartidos, que será regulado este mes de diciembre por la Generalitat. El consistorio, por su parte, debe diseñar el marco municipal para el desarrollo de este sector. Con esta doble voluntad se aprobó ayer en el pleno municipal una propuesta de ERC acordada con BComú, el PSC y JxCat, que al final se aprobó con los votos de estos grupos y los de Ciutadans y Barcelona pel Canvi.

El frente común presenta alguna grieta en el discurso. Para BComú, lo más relevante parece ser que el ayuntamiento tenga la voz cantante en este asunto y que eso quede claro en el decreto. Por parte de ERC, lo más importante es que el propio ayuntamiento trabaje para perfeccionar la tutela sobre el tema, empezando por diseñar una ordenanza que centre las normas y límites necesarios.

El decreto del Govern

El decreto que aprobará el Govern ya prevé un papel para los ayuntamientos, pero el de la capital catalana pedirá una capacidad concreta y reconocida. «Queremos una habilitación jurídica clara para poder regular y liderar esta cuestión. Eso se prevé (en el decreto) como una posibilidad; queremos que haya una concreción», afirmó la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que subrayó que el consistorio quiere tener la potestad de retirar la capacidad de alquilar a quien incumpla las normas.

Sanz lo dijo en la comparecencia conjunta, previa al pleno, en la que ERC, BComú, el PSC y JxCat presentaron el acuerdo. La concejala posconvergente Elsa Artadi empleó un argumento similar al advertir de que no sería «eficiente» que Barcelona contara con una capacidad regulatoria idéntica a la del resto de las localidades catalanas. Artadi, por cierto, cifró en 15.000 las habitaciones alquiladas ilegalmente en el Área Metropolitana. Por el PSC, el edil de Turismo, Xavier Marcè, dijo: «Nuestro compromiso con la regulación del turismo y contra la ilegalidad y la alegalidad es inequívoco».

Posibles irregularidades

El más ilustrativo, como suele, fue el concejal de ERC Miquel Puig. Como promotor de la iniciativa, celebró que la mayoría de grupos respaldara la propuesta e intentó, sin éxito, persuadir a Josep Bou para que el único que no lo hizo, el PP, pasara de la abstención al sí. Puig echó mano de un hipotético propietario, Javier, para ilustrar cuáles son las posibles irregularidades que caben en el alquiler de habitaciones turísticas.

El modelo correcto prevé que Javier, dueño de una vivienda, alquile durante un periodo consecutivo de menos de 31 días alguna de sus habitaciones al tiempo que reside en el piso. El problema, prosiguió Puig, es que se pueden generar «tres perversiones». La primera, que Javier acabe yéndose del piso, por ejemplo, para vivir en su segunda residencia, y siga alquilando las habitaciones, lo que equivaldría a «convertir la vivienda en una pensión clandestina».

La segunda perversión pasaría por que Javier, propietario de cinco pisos que hasta ahora alquilaba a cinco inquilinos, los alquilase por habitaciones, haciendo de esas viviendas cinco pensiones ilegales. La tercera perversión en la que Javier podría incurrir sería la de alquilar habitaciones de un piso que no es suyo. Otra disfunción asociada a las habitaciones ilegales que ha denunciado afecta al personal que se encarga de ellas: no lo hará con las condiciones laborales de un sistema legalizado.

«Estamos luchando para que miles de pisos regresen al mercado de alquiler a largo plazo», dijo el republicano que subrayó que el ayuntamiento tendrá que trabajar a fondo para definir su ordenanza.

Cuatro personas máximo

La proposición que suscribieron los grupos  insta al Govern a que «apruebe y publique con la mayor brevedad posible el decreto de Reglamento Turístico de Catalunya» para que este determine, «como prevé el proyecto hecho público», que los hogares compartidos suponen una actividad turística cuando la cesión de las habitaciones se realiza por un periodo máximo de 31 días consecutivos; que el máximo de personas beneficiarias de la cesión sea de cuatro simultáneamente; que la «habilitación administrativa de la actividad tiene que corresponder exclusivamente a los entes locales» y que estos puedan revocarla. La propuesta también defiende que la Generalitat obligue a las plataformas comerciales de alquiler a dar a los ayuntamientos los datos de los inquilinos.

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